POR ANTONIO ROSSI
11/11/12
Las sospechas de irregularidades y sobreprecios pagados por la estatal Enarsa, que desde hace tiempo sobrevuelan en el ámbito energético, han comenzado a encender las luces de alerta en el Gobierno.
Con una movida que sorprendió a propios y extraños, la SIGEN –el organismo de control que conduce Daniel Reposo, el frustrado candidato a procurador general de la Nación– decidió abrir una investigación por los sobrecostos que habría abonado Enarsa en las importaciones de GNL (gas natural licuado) del año pasado.
El expediente iniciado en la SIGEN involucra al Ministerio de Planificación de Julio De Vido, al directorio de Enarsa que encabeza Exequiel Espinoza y al sindicalista K que lidera el gremio del SOMU, Enrique Omar Suárez.
Los síndicos tienen la mira puesta en los gastos de supuestas tripulaciones marítimas que la energética estatal convalidó en forma indebida al sindicato de Suárez.
Tal como había informado Clarín el 6 de mayo pasado, el SOMU sin ninguna norma legal que lo habilite le trasladó a Enarsa el pago de las “excepciones reglamentarias” que, como gremio, debe entregar sin cargo a los buques gaseros cuando no hay tripulación local para operar esas naves.
Según las normas vigentes, los barcos extranjeros que vienen a prestar servicios de cabotaje por períodos que superan los 30 días tienen que tramitar el denominado “ waiver (dispensa) de bandera”.
Este permiso de excepción debe ser otorgado sin costo alguno tanto por los armadores nacionales cuando no tengan buques propios que puedan hacer las tareas en juego, como por los gremios del sector cuando no puedan cubrir con personal local los cargos y puestos que demandan los barcos extranjeros.
Hasta los primeros meses de este año, la mayor parte de los “ waivers ” otorgados por el SOMU a los barcos regasificadores y alijadores (barcos de transporte) de las terminales portuarias de Bahía Blanca y Escobar fueron a cambio de pagos irregulares que terminó afrontando Enarsa por ser la responsable de cubrir todos los costos de las importaciones de GNL.
En los buques regasificadores de la terminal bahiense, la “excepción reglamentaria” concedida por el sindicato fue a cambio de una “contribución” económica mensual (equivalente al total de la dotación que le correspondía a los barcos) que terminó en manos de los dirigentes del SOMU que manejan la “Escuela de Capacitación Omar A. Rupp”.
En el caso del barco Artic Spirit –que operó en el segundo semestre de 2011 como alijador en Escobar–, el convenio firmado entre Enarsa y el SOMU determinó que por el “ waiver gremial”, la empresa debía pagarle bimestralmente a la Fundación Azul que controla Suárez el “equivalente a los salarios y las cargas sociales” por la supuesta dotación local que tendría que haber ido a ese buque.
Aparte de no estar contemplados legalmente, los pagos concretados por ese acuerdo acumularon otra irregularidad. Uno de los desembolsos de casi $ 1.750.000, que estaba previsto para la Fundación Azul del SOMU, fue pagado por Enarsa a “San Jorge Marítima”, una sociedad privada que tiene entre sus dueños a los principales directivos del sindicato de Suárez.
Precisamente esta maniobra es la que disparó la intervención de la SIGEN. En el requerimiento de información remitido a Enarsa, la SIGEN solicita en forma especifica que las autoridades de la empresa expliquen “porque los fondos fueron recibidos por San Jorge Marítima SA cuando en virtud del acta acuerdo quien debía recibir los fondos es la Fundación Azul”.
Más allá de lo que resuelva la SIGEN, este hecho sumó otro elemento de tensión en la fuerte interna que mantienen De Vido y el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Axel Kicillof.
Tras la embestida de los síndicos, Juan José Carbajales (el director de Enarsa que responde a La Cámpora y a Kicillof) logró incrementar su influencia en la empresa y barrió del directorio a Carlos Olima –un incondicional de Espinoza y De Vido– y a los responsables del área gasífera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario